Iniciativas para proteger el vínculo de los niños con ambos padres y fortalecer la justicia familiar en el Perú.
La Asociación Padres Presentes impulsa, acompaña y sustenta iniciativas legislativas orientadas a proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a conservar vínculos seguros, continuos y significativos con ambos progenitores y con su familia extensa.
La cartera reúne proyectos en trámite, reformas normativas desarrolladas y líneas de estudio técnico para prevenir conflictos, asegurar el cumplimiento de las decisiones familiares y modernizar el sistema de justicia.
Promueve una respuesta preventiva y especializada en procesos de separación, divorcio, tenencia y encuentro familiar cuando exista riesgo emocional o alta conflictividad. La evaluación psicológica no debe ser automática y la intervención terapéutica debe responder a una indicación profesional y al bienestar del niño.
Propone sustituir el “régimen de visitas” por “Encuentro Familiar”, reconocer el Hogar Materno y el Hogar Paterno, ejecutar oportunamente las medidas familiares y reforzar la tenencia compartida, la escucha del niño y el seguimiento judicial.
Busca prevenir y sancionar el uso deliberado de denuncias falsas para romper el vínculo familiar, sin confundir una denuncia no acreditada con una denuncia dolosamente falsa ni debilitar la protección urgente de víctimas.
Propone una forma agravada cuando se incumpla de manera dolosa, grave o reiterada una orden legalmente impartida en materia familiar y se afecte el cuidado, la integridad o el vínculo de un niño o adolescente. Comprendería sentencias firmes, mandatos judiciales ejecutables y órdenes de ejecución derivadas de actas de conciliación con obligaciones ciertas, expresas y exigibles.
El tiempo familiar no debe quedar suspendido por dilaciones procesales o incumplimientos reiterados.
La apelación no suspende el Encuentro Familiar, salvo riesgo concreto y debidamente motivado.
Reforma terminológica transversal para reconocer que el progenitor no es visitante y que el tiempo compartido integra el vínculo familiar.
Decisión urgente antes de la audiencia, con contradicción mínima, criterios de riesgo y ejecutoriedad inmediata.
Apercibimientos, multas, intervención técnica y revisión de tenencia ante obstrucción grave, reiterada e injustificada.
Controles de cumplimiento a 30, 90 o 180 días, según la duración, urgencia y evolución del caso.
Continuidad de las relaciones familiares, salvo restricción judicial motivada por la seguridad o el bienestar del niño.
Lenguaje neutral en resoluciones y acuerdos, sin crear jerarquías automáticas de custodia.
Escucha según edad y madurez, en un entorno adecuado, sin presiones y con explicación de cómo se valoró su opinión.
Representación especializada del interés del niño, separada de la posición procesal de ambos progenitores.
Considerar la continuidad de controles, tratamiento, nutrición y atención, sin automatismos derivados de un diagnóstico aislado.
Motivación reforzada cuando el juez se aparte de la corresponsabilidad y valoración de la disposición de cada progenitor a facilitar el vínculo.
Evaluar riesgo actual, evidencia, vigencia y finalidad protectora, sin desproteger situaciones urgentes ni anticipar una decisión definitiva.
Diferenciar terapia, evaluación y pericia; evitar tratamientos innecesarios o revictimizantes.
Especialización, composición mínima, incompatibilidades, priorización por urgencia y tiempos de entrega.
Exigir finalidad, metodología, fuentes, limitaciones y análisis conjunto; ningún informe aislado debe decidir automáticamente el proceso.
Trazabilidad y control de actuaciones deficientes, diferenciando una denuncia no acreditada de una denuncia falsa.
Formato objetivo y uniforme con manifestaciones literales, registro audiovisual y geolocalización cuando proceda, código QR, integridad de evidencias, remisión electrónica al juzgado e índice de cumplimiento.
Preguntas neutrales, respuestas literales y señales observables, con derivación inmediata ante riesgo y sin diagnósticos policiales.
Tipificación de la conducta dolosa, grave o reiterada, con exclusión de restricciones justificadas por un riesgo real.
Aplicable cuando exista abuso de patria potestad, tutela, función pública o posición de garante.
Reglas de concurso y subsidiariedad para distinguir las conductas y evitar duplicidad punitiva.
Procedencia cuando el juez de familia remita copias certificadas suficientes, preservando el control fiscal, judicial y el derecho de defensa.
Factor objetivo relevante para la revisión, sin pérdida automática de derechos parentales.
Revisión de agravantes ante uso consciente de una norma derogada, hechos inexistentes o apartamiento manifiesto de una ley clara.
Comparecencia efectiva en materias conciliables y registro estructurado de propuestas, coincidencias y desacuerdos, sin bloquear cautelares, urgencias, violencia o riesgo.
Certificación específica en niñez, alta conflictividad, violencia, ejecución y redacción de acuerdos.
Formación en corresponsabilidad, habilidades parentales y bienestar infantil, con derivación judicial solo cuando sea pertinente y proporcional.
Información civil, económica, parental y de resolución de conflictos; cualquier componente religioso debe ser voluntario.
Decisión expresa e informada entre sociedad de gananciales y separación de patrimonios.
Audiencias, sentencia, elevación y apelación dentro de tiempos definidos, con consecuencias por reprogramaciones injustificadas.
Alertas objetivas por exceso de plazo, sin interferir en el contenido jurisdiccional de la decisión.
Responsabilidad disciplinaria por conducta consciente y manifiesta, no por una interpretación jurídica razonable.
Derecho a formular objeciones y alegatos dentro del orden de audiencia, preservando las facultades legítimas de dirección.
Respuesta expresa a los elementos decisivos en resoluciones que restrinjan derechos familiares.
Aplicación únicamente ante dolo o negligencia grave y ausencia de una base mínima, sin sancionar decisiones razonables posteriormente revocadas.
Descentralización, reasignación territorial y reglas para reducir conflictos de interés.
Transparencia sobre duración, motivación y desempeño sin reducir la productividad al número de expedientes.
Mayor peso de la calidad, la formación y el desempeño sostenible, con protección frente a interferencias jerárquicas.
Evaluar la separación institucional entre formación, evaluación y ascenso, manteniendo la capacitación técnica continua.
Trámite simplificado, breve y de menor costo para conflictos de baja cuantía o complejidad.
Vinculación de procesos conexos de alimentos, tenencia, encuentro y violencia, preservando competencia, reserva y accesos segmentados.
Integridad, trazabilidad, grabación y acceso restringido a la evidencia familiar.
Uso trazable para búsqueda, clasificación, transcripción y alertas, siempre con revisión humana y sin delegar la valoración final.
Notificaciones, consultas y verificaciones interinstitucionales con control de acceso y trazabilidad.
Evaluación de riesgos, controles parentales y consentimiento reforzado en servicios digitales.
Umbral final sujeto a evidencia, análisis constitucional y una cláusula de neutralidad tecnológica.
Credencial o atestación que permita comprobar la edad minimizando la exposición de datos personales.
Reglas diferenciadas por edad, finalidad y evidencia científica, con supervisión adulta.
Clasificación, horarios y restricciones para contenido inadecuado accesible a menores.
Prueba de ADN voluntaria o judicial con cadena de custodia, privacidad, reglas de costos y debido proceso.
Incentivos que faciliten responsabilidades parentales sin discriminación por sexo y con protección frente a represalias.
Acceso de ambos progenitores con patria potestad, salvo restricción legal o judicial y respetando la reserva que corresponda al adolescente.
Indicadores agregados y participación consultiva de la sociedad civil, sin interferir en sentencias concretas.
Atención integral de la violencia y las crisis familiares, con rutas especializadas según la persona afectada y el tipo de violencia.
Competencia transversal en niñez, corresponsabilidad parental, violencia intrafamiliar, acceso a justicia y calidad de las decisiones familiares.
Nota técnica. Las denominaciones, numeración de artículos y fórmulas punitivas son propuestas sujetas a revisión constitucional, técnica legislativa, análisis de impacto y opinión especializada antes de su presentación o adhesión parlamentaria.